En la consciencia colectiva, la economía se concibe como un hombre de media edad, con gafas y vestido de traje, cuya palidez insalubre deja entrever un estilo de vida ermitaño llevado en los confines de una biblioteca. Claramente, esta imagen no es un reflejo particularmente justo ni de la disciplina ni de quienes la practican. Algunos, por ejemplo, serán conscientes de que en los últimos años un número de economistas han probado con las lentes de contacto. Sin embargo, el estereotipo nos sigue haciendo reflexionar: la gran mayoría de los economistas son hombres, y dados los puestos que ocupan, y la influencia que ejercen, esa homogeneidad es motivo de preocupación.

Muchos operan en los niveles más altos en la gobernación, donde los economistas constituyen un engranaje integral dentro de la máquina que formula políticas. Desde esta elevada posición, su experiencia de hombre, junto a la de sus contrapartes políticas, penetra en el proceso legislativo, y, en consecuencia, los intereses de los hombres - intencionalmente o de otra forma - se priorizan formalmente y se codifican en la ley. Pese a las afirmaciones que digan lo contrario, ninguna decisión económica puede ser neutral desde el punto de vista del género; los diversos papeles que juegan los hombres y las mujeres en la economía lo hacen imposible. Y aquí reside el problema: una política económica justa se basa en el reconocimiento de este hecho. Lamentablemente, pocos legisladores parecen capaces de hacer ésto, y lo que preocupa aún más, algunos sorprendentemente parecen no estar dispuestos. Como resultado, continuamente se aprueban políticas económicas discriminatorias. Ya sean exenciones fiscales que benefician a los hombres ricos y con propiedades, o recortes a los servicios públicos que aumentan la carga que soportan las madres solteras, el prejuicio presenta un patrón claro: cuando se trata de la economía, las mujeres tienden a perder.

El sexismo de la austeridad

Las políticas de la austeridad, implementadas en gran parte de Europa tras la Gran Recesión de 2008, consagraron este prejuicio en su forma más atrevida y destructiva. Tomando elementos del mismo libro de frases, los gobiernos justificaron su difusión utilizando un lenguaje cínicamente colectivo. ‘Cada persona debe vivir por sus propios medios’, imploraron, advirtiendo que ‘todos sentirían el pellizco’. Estos intentos de generar una sensación de unidad nacional, una camaradería de estar todos juntos en algo, enmascararon la desalentadora realidad de que las mujeres soportarían la mayor parte de la carga financiera. La reducción de las asignaciones por hijo en Irlanda, el recorte de las prestaciones familiares en Portugal y de las ayudas familiares en Montenegro - lo habrían hecho en cualquier parte.

En Reino Unido, donde la austeridad estaba rigurosamente impuesta, la Biblioteca de la Cámara de los Comunes descubrió que el 86% de la carga financiera entre 2010 y 2017 recayó sobre las mujeres, y se estimó que los recortes les costaron 79 mil millones de libras, en comparación a unos relativamente escasos 13 mil millones de libras para los hombres. La distribución era tan desigual que un informe de 2018 de Naciones Unidas sobre la pobreza describió el sistema de bienestar golpeado por la austeridad de Reino Unido como ‘tan sexista que pudo incluso haber sido elaborado por un grupo de misóginos en una habitación’, y lo calificó como ‘una vergüenza’. Y ésto no fue ninguna anomalía; Europa está repleta de historias de este tipo. El radical programa de austeridad de España fue otro con un impacto caracterizado por una particular diferenciación por género. Según la socióloga Inés Campillo Poza, los efectos fueron flagrantes: ‘tuvieron un impacto mucho mayor sobre las mujeres’ y causaron ‘la intensificación [de] desequilibrios ya presentes antes de la crisis.’ Junto a los recortes esperados, las congelaciones de los salarios y las suspensiones de las inversiones - que según Poza ‘afectaron principalmente a las mujeres’ - el país también, más bien simbólicamente, cerró el Ministerio de Igualdad, y recortó el presupuesto para la igualdad de género de 43 millones de euros en 2008 a 19,741 millones en 2017.

En el país vecino Portugal, el gobierno mostró una insensibilidad similar. Un informe de Naciones Unidas de 2018 titulado “The Impact of Economic Reforms and Austerity Measures on Women’s Human Rights” (El impacto de las reformas económicas y de las medidas de austeridad sobre los derechos humanos de las mujeres) resumió en deprimente detalle cómo las mujeres portuguesas estaban ‘particularmente afectadas por los acumulativos efectos de la crisis, la política fiscal y las medidas de austeridad’. Este prejuicio fue visto como prueba de que el gobierno ‘no había ni llevado a cabo una evaluación sobre la igualdad de género de tales medidas, ni desarrollado una estrategia para equilibrar la desigualdad’. Los daños mencionados en el informe fueron globales. Desde la reducción del gasto público en sanidad y educación, y el aumento del IVA, hasta la restricción del Ingreso Mínimo Garantizado, las instituciones y las iniciativas de las que las mujeres considerablemente dependían fueron las que principalmente sufrieron los peores efectos de los recortes. Los discriminatorios cambios relativos a los impuestos agravaron luego estos problemas.

No nos preocupamos

Es esta dependencia de los servicios públicos - su provisión y para el empleo - lo que ha provocado que las mujeres sean tan vulnerables a la austeridad. De hecho, la inversión en el sector es crítica en la lucha por la igualdad de género. Su aniquilación, ha sido así devastadora, particularmente en el área de los servicios sociales. En ese frente, Irlanda, España, Grecia y Reino Unido han sido señalados por fallar en financiar sus sistemas de servicios sociales, el sacrificio en cada caso realizado sobre el altar de los ‘recortes del gasto público’. Para contextualizarlo, un estudio del Economic and Social Research Institute (ESRI) de 2019 descubrió que una cuarta parte de los padres solteros en Irlanda reportó que las necesidades sobre el cuidado de niños no se satisficieron. Mientras que en España, un 22% de las familias se encontraban similarmente desfavorecidas. El hecho de que la población europea esté envejeciendo tampoco ha ayudado. En Reino Unido, un análisis realizado por Age UK descubrió que en 2018 1,2 millones de personas mayores de 65 años tenían necesidades de atención que no se habían satisfecho.

Los efectos dañinos de estos déficits han sido severos para las mujeres. No solo constituyen el 70% de la decreciente mano de obra de servicios sociales en Europa, y están saturadas (en caso de seguir trabajando) además de que reciben un salario bajo, sino que también, como ha mostrado la investigadora de Naciones Unidas Magdalena Sepúlveda, tienen una mayor probabilidad de requerir atención y que, debido a los recortes, probablemente tengan más dificultades para acceder a ello. Respondiendo a la necesidad, las mujeres han asumido gran parte de esta responsabilidad, que una vez perteneció al estado, proporcionando cuidados informales y no remunerados, a menudo a un gran precio personal. De hecho, el aumento en los cuidados no remunerados ha sido tan grande que un informe de Naciones Unidas de 2016 descubrió que una cuarta parte de las mujeres de la Unión Europea no estaba trabajando debido a ‘cuidados y otras responsabilidades familiares’ adicionales, por no hablar de la labor emocional ejercida. Este desarrollo está directamente relacionado con una advertencia emitida por el European Women’s Lobby, según la cual el ‘cambio de los servicios públicos de cuidados al trabajo de cuidados no remunerado dentro de las familias supone una amenaza severa a la igualdad de género en Europa’, que, si no se controla, podría llevarnos hacia un ‘retorno a roles de género más tradicionales’ - arriesgando años de progreso social.

Por otro lado, también se está retrocediendo en términos de igualdad salarial, donde, de acuerdo con el estudio de 2016 “Austerity and Gender Wage Inequality in EU Countries” (Austeridad y desigualdad salarial de género en países de la Unión Europea), la austeridad ha puesto en riesgo ‘el relativamente pequeño progreso alcanzado en Europa hasta ahora’. En 2018, en los 27 estados miembros de la UE, las mujeres ganaron de media un 16% menos que los hombres. Solo en Alemania, la Oficina Federal de Estadística descubrió que era un 21% menos. Además de su evidente injusticia, esta diferencia ha aumentado el impacto de género de otros innumerables problemas, como la extendida crisis de la vivienda asequible en Europa, que ha dejado a 1 de cada 10 ciudadanos de la UE sobrecargados por los costes de vivienda. Una investigación de 2018 realizada por el Women’s Budget Group (WBG) descubrió que, en Reino Unido, el coste medio del alquiler consume el 43% de los ingresos medios de una mujer, mientras que para los hombres supone tan solo un 28%. Y en diversos grados, esta tendencia es una característica de la vida europea. Significa que la pérdida de empleo acarrea un riesgo financiero desproporcionadamente mayor para las mujeres, y puede forzarlas a mantener un empleo que es insatisfactorio, injustamente remunerado, o donde el trato es malo.

Liderar el cambio

La austeridad ha sobrecargado un prejuicio que existe desde hace tiempo, y haciéndolo ha dejado al descubierto el alarmante punto hasta el cual nuestras economías favorecen a los hombres, quienes establecen sus reglas, que permanecen siendo los principales beneficiarios, y que sufren menos cuando se tambalean. Y en realidad, el trabajo que están haciendo no es particularmente bueno. En gran parte de Occidente, la desigualdad, no solo entre géneros, sino también entre regiones y generaciones, está desenfrenada. De hecho, parece indiscutible decir que nuestros sistemas económicos no nos están sirviendo como deberían. La pregunta es: ¿qué hacemos al respecto?

Para tratar de responder ésto, será útil recordarnos de la declaración de Naciones Unidas de que ‘la no discriminación y la igualdad constituyen un aspecto fundamental de las obligaciones de los estados respecto a los derechos humanos’. Como los datos anteriores han demostrado, estas obligaciones se están incumpliendo actualmente - un fallo que ofrece un punto de partida evidente. Los estados deben adoptar un marco de derechos humanos para evaluar las políticas económicas, y es necesario reconocer los diferentes roles desempeñados por hombres y mujeres en la economía. En este contexto, honrar los principios de no discriminación e igualdad deberían ser obligaciones inmediatas a la hora de implementar políticas macroeconómicas - se deberían garantizar, convertirse en una práctica común. La probabilidad de esto, considerando la composición de género actual de la disciplina, sigue siendo cuestionable: como ha destacado la premio Nobel Esther Duflo, ‘no hay suficientes mujeres en las profesiones de economía, punto’.

Habiendo dicho ésto, los esfuerzos para cambiar las cosas están en marcha, el mencionado think tank WBG, entre otros, encabeza el impulso por la creación de - en sus propias palabras - una ‘economía solidaria que promueva la igualdad de género’. Su análisis está guiado por el simple mantra: ¿quién se beneficiaría? La pregunta es atrevida, y sujeta a causar controversia. Todos tenemos que preguntarlo con más estridencia. Porque si no logramos hacerlo, y la economía permanece de forma desproporcionada en manos de los hombres, las esperanzas de un futuro más justo probablemente habrán sido en vano. Los conservadores actuales han mostrado que se ven felices de presidir un sistema que prioriza sus propios intereses, aparentemente sin importar los costes. No podemos permitir ésto. La discriminación económica en contra de las mujeres debe terminar. Ya se ha hecho suficiente daño.